La piratería digital y audiovisual es un fenómeno que representa un riesgo significativo para millones de consumidores venezolanos y para las empresas legalmente establecidas. Esta práctica ilícita, que implica la reproducción o distribución sin permiso de material protegido por derechos de autor (incluyendo música, películas, software y libros), va más allá de una simple infracción legal. Expone a los usuarios a peligros como la descarga de virus, malware y ransomware, así como a la pérdida de soporte y actualizaciones, amenazando la seguridad de su información personal y financiera.
Ante esta problemática, el sector de telecomunicaciones y la industria del entretenimiento (exhibidores y distribuidores de películas) reafirman su compromiso contra la piratería. Por ello, están dedicando sus esfuerzos a concientizar sobre los peligros para los usuarios y a robustecer las iniciativas que les permitan ofrecer un entorno digital más seguro y confiable para todos.
Tanto expertos en propiedad intelectual como en ciberseguridad destacan que la piratería digital y audiovisual ofrece la falsa percepción de ser inofensiva o aceptable por su bajo o nulo costo. Sin embargo, quienes promueven y venden estos servicios se lucran a costa de la seguridad y privacidad del usuario, muchas veces obteniendo ganancias de información personal sensible.
Los usuarios de estos servicios piratas, sin saberlo, pueden estar dando acceso a su red Wi-Fi a estas empresas ilegales ofreciendo acceso a todos los equipos conectados. De igual manera, se exponen a la sustracción de datos bancarios e incluso al robo de sus registros fotográficos familiares y de menores de edad, que pueden ser comercializados lo cual implica una amenaza.
Según datos de la Alianza contra la Piratería, en Venezuela se estima que 25% de los 4.3 millones de hogares con televisión por suscripción accede a contenido pirata, y e42.5% de 1.5 millones de hogares con banda ancha descarga contenido ilegal. A nivel regional, las pérdidas económicas superan los US$10.3 billones, con más de 75.000 empleos afectados. Adicionalmente, en Latinoamérica, cerca de 22.3% de usuarios de TV paga accede de forma ilegal, y la piratería online alcanza 40.9% de los hogares con banda ancha.
A través de campañas conjuntas, el sector privado, cámaras y el sector público, continúan reforzando la conciencia sobre los riesgos de la piratería y promoviendo activamente el consumo legal y seguro. Son cada vez más los sectores que se suman a los esfuerzos para hacerle frente a este flagelo.
«Entendemos la importancia de fomentar más conocimiento e información sobre esta problemática porque la seguridad de tu información y la de tu familia son prioridad. Creemos que un entorno digital protegido es la base para el desarrollo y el bienestar de todos los venezolanos», afirmó Pedro Marín, Presidente de Casetel.
